El Relator Especial concluye que hay marginalización de la jurisdicción indígena en Bolivia

Nota de Prensa

El Relator Especial de Naciones Unidas sobre la independencia de los magistrados y abogados, Diego García-Sayán concluyó en su informe final que existe “la deficiente gestión y la neutralización de la jurisdicción indígena”. El Relator Especial “exhorta” al gobierno boliviano una reforma de la Ley de Deslinde Jurisdiccional que “garantice el espacio” y amplifique “sustantivamente la competencia” de la jurisdicción indígena originaria campesina reconocido en la Constitución Plurinacional.

El informe de García-Sayán, fechado el 11 de Mayo 2022, sigue su visita a Bolivia entre el 15 al 22 de febrero del mismo año, describe una crisis judicial en el país, destacando la injerencia, la persecución política, hacinamiento carcelario, la impunidad de los feminicidios, la corrupción, la mora procesal, el exiguo presupuesto y la imposibilidad material que limita acceso a la justicia para la población.

El informe describe la marginalización de la jurisdicción indígena como parte de una deficiencia estructural de la justicia. Según García-Sayán, “hay una deuda pendiente” para otorgar la misma jerarquía a la jurisdicción indígena que a la jurisdicción ordinaria, reconocido en la Constitución, del “ejercicio de sus sistemas políticos, jurídicos y económicos acorde a su cosmovisión”.

En las palabras del informe: “Hay confusión en cuanto a las competencias de cada jurisdicción” generado por la Ley de Deslinde Jurisdiccional, “en desacuerdo con la Constitución,” que “ha limitado el ámbito material de la jurisdicción indígena originario campesina, lo cual también incide en un recargo de la jurisdicción ordinaria”.

En conclusión: “La carencia de autoridades judiciales, fiscales y defensa pública en buena parte del país rural, la falta de adecuada financiación, la deficiente gestión y la neutralización de la jurisdicción indígena mantienen a la justicia muy lejos de la gente y de las necesidades de la sociedad. A ello se añade la tendencia a la judicialización, por la vía ordinaria, de casos y situaciones que podrían ser procesadas de otra forma.”

“La jurisdicción indígena originario campesina, reconocida en la Constitución de 2009, ha sido relegada por la legislación posterior (Ley de Deslinde Jurisdiccional de 2010) a conocer solo de temas de relevancia limitada y marginal para la administración de justicia.”

El Relator Especial recomienda una reforma estructural de la justicia, “que afirme y garantice el espacio de la jurisdicción indígena originario campesina, reconocida en la Constitución, por medio de la reforma a la vigente Ley de Deslinde Jurisdiccional, ampliando sustantivamente la competencia de esta jurisdicción y tomando en consideración la participación, opinión y contribuciones de los pueblos indígenas.”